Institucionalidad permanente para el salario mínimo: ¡urgente!

Ernesto Silva

Después de cuatro meses de discusión y de innumerables dificultades en su tramitación, el reajuste del salario mínimo fue aprobado por el Congreso para entrar en vigencia este mes. Su tramitación no fue fácil. De hecho, fue necesario presentar más de un proyecto de ley para lograr aprobar el reajuste. La discusión política estuvo tensionada por semanas y la racionalidad fue algo que estuvo lejos del debate en el Congreso.

Por primera vez en 23 años, una oposición rechazó -y no una, sino varias veces- la propuesta del Ejecutivo de reajuste del salario mínimo. Esto podría entenderse como algo normal si la propuesta hubiera sido inconsistente o desalineada respecto de las recomendaciones de los expertos, sin embargo, no fueron esas las razones para el rechazo.

Un grupo de expertos que asesoró al gobierno propuso un reajuste algo superior al 5%. El gobierno en su primera propuesta del mes de marzo superó el 6% de reajuste, alcanzando los $ 205.000. Luego propuso subir a 
$ 207.000, cifra que fue nuevamente descartada, siendo necesario optar entre no aprobar un reajuste del salario mínimo o subir la apuesta, cuestión que el gobierno finalmente hizo llegando a los $ 210.000.

Pero ni siquiera ello fue suficiente. La Cámara de Diputados, yendo claramente más allá de la normativa constitucional vigente, consideró admisible una propuesta para hacer retroactivo el pago del reajuste del salario mínimo al mes de julio, al igual que los reajustes a los beneficios sociales que se contemplan en la ley como la asignación familiar o el subsidio único familiar.

Afortunadamente, luego de la discusión en el Senado y en la comisión mixta, se corrigió la arbitrariedad e inconstitucionalidad de aplicar el reajuste de forma retroactiva y se acordó una fórmula para zanjar la controversia y aprobar el reajuste al salario mínimo
En síntesis, han pasado ya cuatro o cinco meses desde que el gobierno ingresara un primer proyecto de ley de reajuste, anclado en fundamentos sólidos recomendados por un equipo de expertos. Sin embargo, el proceso político descartó los fundamentos técnicos y aplicó las mayorías políticas para trabar un proceso de reajuste y negociar para llegar a niveles de reajuste del 8,8% aproximadamente.

Si esto sucede un año, puede que no resulten problemas en el acceso al trabajo. Pero si esto se transforma en la rutina permanente, sí se empieza a producir daño y se distorsiona un mercado muy importante.

Por eso es que es urgente aprobar una institucionalidad permanente para analizar y aprobar el reajuste del salario mínimo. Ya lo hemos propuesto en innumerables ocasiones, y el gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley. Lamentablemente la urgencia de sacar adelante el reajuste hizo imposible analizar y aprobar un nuevo proyecto de institucionalidad.

Tenemos que cuidar nuestra institucionalidad y nuestro proceso de toma de decisiones políticas. Lo que hemos visto este 2013 con el reajuste del salario mínimo ha estado lejos de ser un proceso positivo. Es de esperar que en las próximas semanas el gobierno ingrese el proyecto de institucionalidad permanente para analizar el reajuste del salario mínimo, y que el Congreso tenga la disposición a desarrollarlo y aprobarlo.

Sólo con instituciones sólidas podremos reducir los costos de la incertidumbre política en temas tan sensibles como el salario mínimo.